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ESTADO COMUNITARIO

El Estado Comunitario tiene un objetivo: que los recursos del Estado sirvan al interés de la comunidad, a través de la variable de equidad. Y tiene un medio: que la comunidad participe ampliamente en la toma, ejecución y supervisión de las decisiones del Estado, para garantizar la transparencia. 
 
La esencia del Estado Comunitario
 
Nosotros trabajamos para construir confianza en Colombia, basados en tres pilares: seguridad con alcance democrático, confianza inversionista con responsabilidad social y cohesión social. Todo alrededor del Estado y de la ciudadanía. Y ese Estado lo hemos denominado, Comunitario. 
 
El Estado Comunitario no sustituye el concepto de Estado Social de Derecho, definido por el constituyente de 1991, sino que es una forma para que opere el concepto constitucional de Estado en Colombia y que quiere diferenciarse tanto de la tentación neoliberal que descuida el interés por la comunidad y va poniendo más peso en las fuerzas del mercado, como de la deformación que llevó a la social democracia a degenerar en nuestro medio en expresiones clientelistas y en una corrupción rampante.
 
El Estado Comunitario busca, primero que todo, que se cumpla con el postulado constitucional del Estado Social de Derecho que implica dos connotaciones básicas: el sometimiento del gobernante a la Ley y la puesta en práctica del principio de la solidaridad social.
 
Ese Estado Comunitario tiene como único beneficiario de su acción y sus recursos a la comunidad, a partir de la construcción de equidad. Para lograrlo se necesita transparencia, que deviene en la medida en que la comunidad tenga mayor participación en la toma de las decisiones públicas, en su ejecución y en la vigilancia de cómo se ejecutan las tareas estatales. 
 
Ahora bien, el Estado Comunitario busca lograr un gran equilibrio entre la democracia participativa y la democracia representativa. La exigencia ciudadana permanente demanda sincero afán de los funcionarios, prudencia en el compromiso, diligencia en la acción, imaginación para explorar opciones y superar obstáculos. La presencia continua del funcionario, de cara a la comunidad, facilita el acceso a la información, el conocimiento de cifras, la conciencia sobre posibilidades y limitaciones y la reflexión sobre las obligaciones. Todo ello fomenta la credibilidad del pueblo en sus instituciones y recupera la fe popular en la democracia, porque promueve el carácter colegislador del pueblo, que es lo único que garantiza que los recursos lleguen directamente a la gente, que se construya equidad, que se logre transparencia y que se pueda asignar responsabilidad política a quienes fallen en la conducción de lo público.
 
Decisión, ejecución y vigilancia, eso es lo que finalmente crea confianza  en las instituciones y en todas las expresiones del Estado: en la seguridad, en el marco legal para la inversión, en la transparencia de la política social. 
 
Nosotros no creemos en el desmantelamiento del Estado que recorrió a América Latina, tampoco creemos en el Estado burocrático, en el Estado inflexible, en el Estado controlado por la politiquería o por los excesos sindicales, en el Estado del derroche, del clientelismo, del desgreño. 
 
Nosotros tenemos la convicción de que poner el Estado al servicio de la comunidad es fundamental. 
 
Objetivos del Estado Comunitario
 
1. Un Estado gerencial: administra lo público con eficiencia, honestidad, austeridad y por resultados. Para ello se planteó una doble estrategia: la reforma vertical, que consistía en el rediseño institucional de las entidades de la rama Ejecutiva del orden nacional, con el fin de aumentar eficiencia y disminuir presión fiscal; y una reforma transversal, para modernizar los procesos estructurales comunes a la administración pública. Logramos pasar así de la politiquería, de los excesos sindicales y el desgreño del Estado, a la eficiencia social.
 
Resultados reforma vertical:
-Se reestructuraron 465 entidades estatales (182 del gobierno nacional central, 244 hospitales y 39 empresas de servicios públicos), que representaron entre 2002 y 2010 un ahorro del 5,36% del PIB. 
-La sola reestructuración de los 244 hospitales públicos representó un ahorro de $785,8 MM; se aseguró la sostenibilidad y permanencia de las redes departamentales de prestación de servicios de salud y se liquidó Cajanal. 
-Se salvaron empresas de servicios públicos domiciliarios como EMCALI y la Distribuidora de Energía del Pacífico. 
-En ECOPETROL se adelantaron las reformas: laboral, pensional y accionaria, lo que le permitió trasladar entre 2008 y 2009 $11,3 billones a la Nación. 
-Telecom pasó, en 2002, de ser inviable en el corto plazo, con pérdidas anuales de $471.000 millones a inversiones entre 2004 y 2009 por $2,2 billones, y de una pérdida acumulada de $1.843 millones saltó a una utilidad acumulada de 2003 a 2009 de $493.000 millones.
 
Resultados reforma transversal:
-Modernización del empleo público: con la Ley 909 de 2004, aproximadamente 120 cargos se ofertan a través de concursos públicos y abiertos. 871 notarios nombrados por méritos.
-Reforma a la contratación administrativa: introduce la publicación de prepliegos, las audiencias públicas y las subastas.
-Estrategia de defensa jurídica de la Nación.
-Gestión productiva de los activos del Estado 
-Gestión por resultados.
-Reforma a los organismos de regulación y control.
-Reforma al sistema presupuestal: el fenecimiento de cuentas de las entidades nacionales pasó de 49% en 2003 a 87% en 2009
-Unificación de los sistemas de información.
-Fortalecimiento del gobierno electrónico.
-Estrategia antitrámites: se han racionalizado más de 600 trámites de entidades nacionales (certificado judicial en línea, Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes- PILA, Formulario Único Territorial, etc).
-Política de racionalización y calidad normativa. 
 
2. Un Estado participativo: tiene en cuenta las demandas de la gente y le permite al ciudadano participar en la formulación, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Se garantiza la participación ciudadana a partir de herramientas como: el Consejo Nacional de Planeación, las audiencias públicas regionales para priorizar los proyectos de inversión, el Consejo Nacional de Competitividad, el Plan Decenal de Educación, las auditorías visibles que han blindado $1,7 billones de 2008 a 2010, las veedurías comunitarias y los Consejos Comunales de Gobierno, entre otros.
 
La participación ciudadana obliga a mejorar el acceso a la información, con la permanente rendición pública de cuentas. En nuestro gobierno se determinó la obligación a todas las entidades estatales de entregar información en tiempo real sobre el avance en la ejecución de los proyectos públicos, estableciendo consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento.
 
Se buscó, además, establecer una relación complementaria entre los sectores público y privado, porque no podrá haber un Estado Social de Derecho ni un Estado Comunitario, sin un sector privado vigoroso y dinámico. Tampoco podrá haber un sector privado próspero, sin un sector público que contribuya a la creación de capital social, que procure reglas ordenadas y que se cumplan para el funcionamiento de las empresas y de la economía en su conjunto, y que ofrezca una infraestructura social, económica y de seguridad democrática básica que estimule el desarrollo del país.
 
3. Un Estado descentralizado: administrativamente más cercano al ciudadano, lo cual implica, desde el punto de vista de su organización, un compromiso decidido con el fortalecimiento y profundización del traslado de competencias nacionales hacia los entes territoriales. Un Estado que tiene en cuenta las necesidades locales sin perjuicio del interés nacional y de la solidaridad regional.
 
Ejemplo de ello fue el Programa de Renovación de la Administración Pública (PRAP) que buscó una mayor delegación de funciones y competencias en el orden territorial, la eliminación de las duplicidades entre el gobierno central y los entes locales, la recuperación de la fortaleza del nivel intermedio de gobierno, la promoción de la acción conjunta y articulada de los diferentes niveles de la administración pública, a través de alianzas, asociaciones y convenios de delegación, y el incentivo de la integración de regiones, con un fin último: la liberación de recursos con destino a programas sociales al servicio de los ciudadanos.
 
Dos muestras claras de descentralización son la elección popular de alcaldes y gobernadores y la circunstancia de que el 52 por ciento de todo el gasto del Estado lo realizan las regiones.
 
Se hicieron, además, enormes esfuerzos por los recursos, por ejemplo, el Gobierno Nacional a través del Agustín Codazzi tiene el liderazgo para todo el catastro nacional, con excepción de Medellín, Antioquia, Bogotá y Cali. Entre 2000 y 2010, los avalúos catastrales a nivel nacional crecieron en promedio a un a tasa del  11.1% anual, alcanzando para la vigencia 2010 $520,1 billones (443,5 billones en predios urbanos y 76,6 billones en predios rurales). El incremento entre 2000 y 2010 fue de 184.2%, un aumento de más del doble del avaluó total nacional registrado para la vigencia 2000, que ascendía a $182.98 billones de pesos corrientes.
 
Esto da respuesta a un viejo anhelo del país, no solamente más ingresos municipales, sino también más equidad en el gravamen de la tierra, en el gravamen de la propiedad inmobiliaria, en el gravamen de esa base de riquezas.
 
PUBLICACIONES
 
Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario” 2002-2006
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/GCRP/PND/PND.pdf
 
Plan Nacional de Desarrollo “Estado Comunitario: desarrollo para todos”
Tomo 1 
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=WSgQTUkodjQ%3d&tabid=65
Tomo 2
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=MvqNv91Zbtw%3d&tabid=65